Ya sucede en Estonia. O en “eStonia”, como se la conoce en el círculo de tecnólogos. En este pequeño país, gracias a un proyecto sin precedentes por parte del Gobierno, un ciudadano acreditado en el registro oficial del Estado -el 98% de la población lo está- puede: firmar documentos por celular; realizar transferencias, pagos y trámites; acceder a servicios de salud; chequear registros médicos; pedir turnos; esperar que el doctor le envíe por teléfono la receta a la farmacia; declarar y pagar impuestos; armar una empresa en un día; llamar a la policía; verificar las notas de sus hijos en el colegio; comprobar su asistencia; recibir comentarios de la profesora; viajar por la Unión Europea sin pasaporte; votar por Internet. Todo eso, a través de una única plataforma digital.
El modelo, totalmente avanzado frente al resto de los países, es caso de estudio en la vidriera del mundo como el ejemplo último de sociedad digital. Toda una nación enchufada a una plataforma. El 99% de los servicios públicos está disponibles de forma online . Solo casarse, divorciarse o comprar una propiedad requieren salir de la casa. Y todo esto se apoya en una piedra basal: el Estado puede corroborar con altos niveles de confianza que quien solicita un servicio es efectivamente quién dice ser. Esto resuelve, entre muchas otras cosas, el drama de tener una cantidad infinita de contraseñas.
Un proyecto interministerial entre Interior y Modernización será presentado el jueves próximo en la Casa Rosada por sus los dos ministros, Rogelio Frigerio y Andrés Ibarra. Es un Sistema de Identidad Digital (SID) que realiza un análisis biométrico del rostro para validar, ante la consulta de organismos públicos y de empresas, la identidad de un ciudadano argentino a través de una foto. En el corazón del esquema está el Registro Nacional de las Personas, una de las bases de datos más ricas del país, que consolida más de 45 millones de fotos y huellas digitalizadas.
El registro ya es fuente de consulta para validación de datos personales y verificación de huellas (unas 700.000 transacciones diarias). Ahora se sumará un servicio de validación por biometría del rostro, que estará disponible para entidades privadas. Por un costo que irá de $5 a $30 por consulta, según una resolución oficial de Interior de 2017. La inversión fue de $28,5 millones.
El trabajo se coordinó con el Banco Central y se realizaron pruebas piloto del software en las entidades del sistema financiero, incluidas las fintech, especialmente interesadas en la biometría del rostro para la oferta de servicios financieros. Permite minimizar riesgos de fraude de identidad y mejorar tiempos. Los bancos podrán abrir cajas de ahorro con una selfie y otorgar préstamos de forma 100% virtual. Tanto desde Adeba como desde Modernización indicaron que el sistema favorecerá la inclusión financiera. Cerca del 50% de la población no tiene o no hace uso de una cuenta bancaria.
El aplicativo cuenta con un control adicional de seguridad: una prueba de vida, donde se le solicitará al remitente que envíe fotos con dos gestos aleatorios (guiñar un ojo, levantar una mano) para verificar de esta forma que el rostro capturado no corresponde a una persona muerta. En la práctica, el banco recibe las imágenes del cliente, luego realiza la consulta de identidad al servicio de biometría del Renaper y este le responde de forma positiva o negativa, y con un porcentaje determinado de confianza. Los organismos podrán usar una solución propia o bien la app provista por el Renaper.
“Cuando alguien va a una casa de electrodomésticos y quiere comprar una TV financiada, se presenta con el DNI. Lo chequean contra el buró y le dicen sí o no. Hay bajas chances de fraude de identidad, porque está ahí presente. En el mundo digital hay mucha más información, pero el desafío de validar la identidad es mayor”, dice Martín de los Santos, VP de Mercado Crédito.
“Va a ser un paso muy importante para que podamos concretar las grandes inversiones que estamos haciendo para convertirnos en un banco digital”, dice Maximiliano Ureta, gerente de Transformación Digital de Santander Río. “La tecnología para selfies y huellas dactilares estaba, lo que faltaba era la base de datos que permitiera la validación. La del Renaper es la mejor y la más actualizada que tenemos en la Argentina. La idea es utilizar la solución en diferentes servicios, como préstamos y tarjetas”, agrega.
Experiencias similares en el mundo son el uso de reconocimiento de voz en Japón para el uso de cajeros automáticos y del propio Santander en Brasil, donde a partir de una huella dactilar que registró en el banco, el cliente puede retirar fondos del ATM. En la Argentina, se espera que el mayor dinamismo venga de la mano de los nuevos bancos digitales, sin sucursales, el brazo de las entidades tradicionales para competir con las fintech.
“Tecnologías de reconocimiento biométrico están ocurriendo simultáneamente en muchos lugares del mundo con diferentes niveles de adopción. Para el retail bancario, que debe revolucionarse, es una solución enorme. Compite con plataformas digitales (como Mercado Libre) que tienen un sistema de autenticación del cliente basado en reputaciones que les permite generar crédito mucho más rápido que en el sistema bancario”, dice Aníbal Carmona, presidente de la Cámara del Software.
Según explican en el Ministerio de Modernización, la solución, integrada en Mi Argentina, también podrá ser utilizada “para la generación de clave fiscal, sistemas de billeteras electrónicas y cualquier trámite que requiera validación de identidad”. Dentro del sector público se implementará “en el Ministerio de Salud para el empadronamiento de pacientes, en Desarrollo Social para la asignación y el cobro de programas sociales, en Seguridad para el control de fronteras, las migraciones y la seguridad en espectáculos deportivos”.
“Me parece positivo que el Renaper, en vez de usar el DNI que es obsoleto, pruebe nuevas formas de identificación online , porque es lo que se viene y es la base de una sociedad digital. El único reparo es que a veces el Estado juega a empresario y no lo es. Esperamos que se implemente con las medidas de seguridad y privacidad que exige la ley de protección de datos personales, tanto para el Estado como a nivel empresas. No existe medida de seguridad infranqueable. El Estado acumula cada vez más datos, que algún día podrían ser usados con finalidades lesivas al ciudadano”, dice Pablo Palazzi, socio del estudio Allende & Brea y director del Centro de Estudios de Tecnología en Universidad de San Andrés.
Ante la consulta de LA NACION, en Modernización confirmaron que se trabajó con la Agencia de Acceso a la Información Pública con “el objetivo de asegurar los datos de los usuarios”.
