Un recién arribado Daniel Scioli recorrió las zonas inundadas y desparramó serenidad desde la localidad bonaerense de Salto. “Tengan la tranquilidad de que les vamos a reponer lo perdido”, prometió desde uno de los distritos más golpeados por las inundaciones. A juzgar por sus dichos, ¿será entonces el propio Estado el que oficiará de “seguro” ante los damnificados? ¿Tendrá la capacidad para resarcir íntegramente las cuantiosas e indeterminadas pérdidas económicas allí donde el sistema asegurador no brinda sino una cobertura muy limitada y parcial? Los dichos del gobernador traslucieron la carencia de un seguro nacional que canalice las reparaciones. ¿Dependerán siempre los inundados de la propia solvencia gubernamental de turno a la hora de brindarles la “cobertura” específica que tanto necesitan?
Cuando baja el agua y se digieren los daños más relevantes -vidas- empiezan a diagramarse los primeros datos económicos que hacen a la cuantía material de la catástrofe. Un cálculo preliminar que publicó LA NACION ubica sólo las pérdidas agropecuarias de la provincia en un piso de $ 1000 millones. Con el nefasto antecedente de La Plata aún fresco, la aparente intensificación de la frecuencia del fenómeno obliga a reconsiderar los alcances del seguro actual.
Según consultas a cuatro de las empresas más grandes del país y a la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), donde más desarrollado está el seguro contra las inundaciones es en el ramo automotor. “Lo primero que decide asegurar el argentino es el auto”, dice Gustavo Palotta, gerente comercial de San Cristóbal Seguros. Según cifras de la SSN sobre la base del ejercicio 2013/14, el seguro automotor concentró más del 45% de la producción de seguros patrimoniales.
Para el caso, la gran mayoría de los productos premium para automotores incluye daños por inundación, mientras que en los terceros completos más cualitativos, con o sin límite, la cobertura existe cual beneficio adicional. Lógicamente, destrucción total también contempla el daño. Según explican, es el hecho de que el auto pueda trasladarse ante una alerta en zona inundable, lo que permite que el seguro tenga presencia allí.
“El problema surge cuando se sale de la cobertura automotores y se pasa a la de otros riesgos patrimoniales como bien pueden ser comercios, industrias o seguros de hogar. En síntesis, la cobertura por inundación allí no existe. En general, no obstante, en el mundo no existe”, explica Palotta.
Según una estimación de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, la penetración del seguro en los hogares y comercios es de por sí magra: sólo alrededor de un 20% de las viviendas cuenta con algún tipo de seguro, mientras que según la SSN, apenas el 3% de las primas emitidas en el total del mercado corresponde a un seguro de viviendas y comercios.
“Por defecto, inundaciones no se incluye ni en hogares ni en comercios. Debe ser específicamente solicitada, probablemente venga con un límite determinado y sólo a partir de allí se podrá contratar”, agrega un gerente de QBE. Santiago Villagra, del broker DDN Central de Seguros, completa: “No hay un seguro específico contra inundaciones. El mercado hoy lo ofrece como un beneficio adicional dentro de otros seguros, y en la mayoría de los casos está muy limitado”.
En materia agropecuaria, a su vez, el mercado tiene disponible un producto que brinda cobertura por inundaciones: el multirriesgo climático. Pero la seguridad tiene su precio. Mientras que un seguro contra granizo -el típico- cuesta cerca de 0,5% del valor asegurado, un multirriesgo puede ir de 3 a 8%. “Son seguros mucho más complejos y caros, que cubren también sequía y otros fenómenos. Hemos pagado inundaciones enormes y son siniestros realmente pesados, con lo cual en algunas zonas hemos decidido no darlos”, dice el gerente de QBE. En concreto, nuevamente según la SSN, de las primas emitidas en 2014 en seguros agrícolas, apenas un 1,7% correspondió al producto agrario premium. De las 26 entidades aseguradoras, sólo cuatro lo ofrecen.
Frente a la repetición de catástrofes, el vocero de una compañía de seguros con más de medio siglo en el país explica el porqué de la dificultad de ofrecer un producto colectivo: “No hay cobertura para hogar y comercio porque ya deja de ser un riesgo incierto, y la incertidumbre es uno de los principios básicos del seguro. A su vez, los daños son tan cuantiosos y extendidos que son difíciles de mensurar a la hora de establecer una cobertura. Requiere, cuanto menos, un análisis conjunto entre aseguradores y Estado”.
En rigor, el conflicto, cuentan en la industria, sería la antiselección de riesgos: sólo aquellos con fuerte riesgo de inundación tomarían la póliza. En estricta teoría, el seguro es un mecanismo solidario, ya que con los aportes -primas- del conjunto se solventa al pelotón de tomadores que sí ha sufrido el siniestro. El problema, dice una fuente del mercado, es que “la prima que se le cobra a todos los asegurados debe ser suficiente para pagar todos los siniestros, más gastos e impuestos. Al vender un seguro de inundación contra las viviendas de un edificio, por ejemplo, ¿una persona del décimo piso va a comprar cobertura contra inundación? Entonces, la prima debería ser más cara que la suma asegurada, ya que es como mínimo eso más gastos e impuestos, y la carga impositiva en una póliza llega al 30%”.
Según los consultados, no obstante, el desarrollo de un seguro por inundación no es sólo una deuda de orden nacional. En el mundo, cada país prueba soluciones según el punto de partida que dictan tanto las cuencas hídricas de cada nación como su infraestructura. “Lo que hace Scioli de alguna manera (con esas declaraciones) es asumir que el Gobierno tiene cierta responsabilidad y que indemnizará. En otros países eso no pasa, sino que se crean sistemas financieros para que la gente cuando tenga un daño disponga de un resarcimiento a través de un sistema de ahorro como es el seguro. Si el Estado se va a hacer cargo de todas las catástrofes, nunca se va a desarrollar un seguro para inundaciones”, dice Andrés Artopoulos, director de Leza, Escriña & Asociados, que realiza peritajes para las empresas de seguros y acumula en el CV, entre otros siniestros, una inundación en Santa Fe.
Según cuenta, los métodos más o menos exitosos varían. En Estados Unidos es el gobierno el que respalda los seguros contra inundaciones en viviendas y negocios. En Inglaterra, según consta en un documento de la Asociación de Aseguradores Británicos, a través de un acuerdo con el gobierno, las compañías aseguradoras se comprometen a brindar cobertura en aquellas zonas con índice de siniestralidad no superior a 1,3% anual, lo que significa probabilidad de inundación de una vez cada 75 años. “El seguro influye como reordenador del territorio y funciona como mecanismo de mejoramiento del riesgo. Da incentivos para vivir en zonas no inundables, ya que afecta la valorización de los hogares y favorece la reubicación. Y si la población no se relocaliza, en cambio, es el intendente de la zona quien ante la falta de seguro se ve en la necesidad de hacer las obras pertinentes”, dice Artopoulos.
“El seguro no se va a lograr sino es a través de una política de estado”, resume Artopoulos. “La gente no percibe riesgos de «cola larga», sino que sale corriendo a tomar seguros cuando ya se le inundó la casa. En Chile, el seguro de terremotos es obligatorio en todos los créditos hipotecarios. En España, al comprar una póliza de incendio en un hogar estás comprando seguro de terrorismo y de inundación. En Noruega, en cambio, es un pool de compañías de seguros donde todas están obligadas a participar en inundación por el hecho de operar en la industria. En rigor, los seguros importantes son los obligatorios y para eso se necesita del Estado. Lleva años hacerlo, pero si uno no empieza…”, concluye.